La problemática del derecho fundamental a la propiedad privada y la no confiscatoriedad demandan su análisis desde la visión del acceso a aquélla, en cuanto que normalmente para el consumo de cualquier tipo de bien o producto es necesario un previo acceso a la propiedad del mismo. Definir límites en tal sentido puede ayudar a frenar la imposición indirecta frente a la directa, haciendo así nuestro Sistema tributario más progresivo y, de esta forma, más justo, a la luz de los principios materiales de justicia tributaria. Con ello alcan­zaríamos una redefinición del derecho a la propiedad privada en materia tributaria útil en relación a sujetos de cualquier nivel de capacidad económica, en el contexto de la Unión Europea. Se trata, pues, de abrir nuevas líneas argumentales que en la práctica puedan ser utilizadas ya sea en sede de Tribunal Constitucional, ya sea en sede de Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

I. Consideraciones preliminares La Unión Europea tiene un protagonismo esencial en materia de imposición indirecta, a través de la armonización fiscal. Pero la constante tensión entre la imposición directa y la indirecta no es algo que deba moverse sólo en sede de las distintas opciones de política socio-económica, sino que es necesario buscar los límites jurídico-constitucionales que pue­dan frenar a la segunda frente a la primera y encontrar también su fundamento dentro del Derecho de la Unión Europea. El estudio del Derecho Financiero y Tributario cada vez se ha centrado más, como debe ser, en la preeminencia de su análisis desde los principios contenidos en el apartado 1 del artículo 31 de nuestra Constitución, nor­malmente denominados principios materiales de justicia tributaria. Ahora bien, no debe ser esa la perspectiva exclusiva en su análisis, ni la que agote las posibilidades de contemplación constitucional del tributo. Frente a lo que sucedía en la década de los ochenta y principios de los noventa del siglo pasado, cada vez se pronuncia menos aquello de “la redistribución de la riqueza”. Recordemos que el artículo 131 de nuestra Constitución en su apartado 1 in fine, en relación a la renta y la riqueza, proclama «su más justa distribución». Esta importantísima declaración fi­nal de ese precepto debemos unirla a la consagración de España como un «Estado social y democrático de Derecho» en el apartado 1 del artículo 1 de nuestra Constitución. De esta forma, la a veces olvidada dimensión social de nuestro Estado se dejaba sentir ya en el primer precepto de nuestra Constitución. En función de todo lo anterior, si ponemos en relación los artículos 1.1, 31.1 y 131.1 de nuestra Constitución, nos encontramos con que en un Estado social y democrático de Derecho no cabe sino articular la re­di­stribución de la riqueza a través del ingreso y del gasto público en función de la capacidad económica del sujeto. De este modo, en un Estado social y democrático de Derecho el Derecho Financiero y Tributario debe presentarse como la articulación jurídica de la redistribución de la riqueza. Cuando nos encontramos con situaciones de imposición desorbitada en las que la carga fiscal sobre un bien o producto supera el precio de éste antes de impuestos, nos vemos en la necesidad de encontrar el anclaje constitucional de la norma que pueda impedir dicho exceso. Esto nos lleva a fijarnos en que en relación al respeto en materia tributaria del derecho a la propiedad privada, en ocasiones se cuestiona la carga [continua..]